El Heraldo
Andres Felipe Arias, exministro de Agricultura. Archivo
Colombia

Niegan libertad bajo fianza a Andrés Felipe Arias

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que comenzó formalmente un proceso de extradición contra el exministro.

 La jueza federal estadounidense Alicia Otazo Reyes denegó este viernes  la libertad bajo fianza al exministro colombiano Andrés Felipe Arias, condenado en su país a casi 18 años de cárcel en un caso por corrupción y solicitado ahora en extradición.

Arias, que fue detenido este miércoles en su casa cerca de Miami, donde está radicado desde junio de 2014 y donde pidió asilo ese mismo año, compareció hoy ante la jueza vestido con uniforme de preso color caqui.

La jueza Otazo Reyes dijo que no le concedía la libertad bajo fianza porque hay peligro de fuga, ya que, según dijo, ya huyó una vez de Colombia, y porque no está comprobado que el juicio al fue sometido en su país tuviera motivación política como él alega.

Ninguna corte ha encontrado "circunstancias especiales" que muestren que este caso tiene "motivaciones políticas", según la jueza.

El representante de la Fiscalía General de EE.UU. dijo en la audiencia que no entregar a Arias a Colombia traería "severas consecuencias" políticas para las relaciones con ese país.

Por su parte, uno de los abogados de Arias indicó como argumento para rechazar la extradición que el Gobierno colombiano está "dándose la mano" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en referencia al acuerdo de paz concluido este miércoles para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo.

Arias, que fue ministro de Agricultura de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010), alega que es una víctima de persecución política en Colombia por ser uribista y ha planteado la misma denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 2014 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a 17 años y medio de prisión y a pagar una multa de 25.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares) en razón de que unos subsidios para campesinos afectados por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos acabaron en manos de familias adineradas cuando él era ministro.

El delito del que fue acusado es el de apropiación en favor de terceros, del que él afirma ser inocente.

El exministro llegó a EE.UU. el 14 de junio de 2014, el mismo día en que un periodista filtró que su sentencia, dictada por la Corte Suprema, iba a ser condenatoria, y su esposa y sus dos hijos, una niña de 7 años y un niño de 5, llegaron cuatro días después.

Toda la familia solicitó asilo en EE.UU. alegando persecución política y aunque la petición fue admitida a trámite, no han recibido respuesta en estos dos años, según dijo este jueves a Efe Catalina Serrano, quien se consideraba "protegida" hasta que el miércoles la Policía de EE.UU. fue a su casa y se llevó a su esposo.

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